Las retenciones bancarias que efectuó Buenos Aires rozan los $ 3.000 millones. El cálculo fue realizado durante la reunión de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral que se hizo en El Calafate. Y justifica el reclamo que vienen formulando distintas cámaras empresarias desde hace no menos de cuatro meses, cuando la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) profundizó su política de captar fondos bancarios como anticipo del pago de Ingresos Brutos.
"El perjuicio es para todas las provincias, para algunas más, para otras menos, según su dimensión económica, pero acá debe quedar claro que el rechazo a la pretensión de ARBA es contundente: 22 distritos se opusieron y sólo Buenos Aires defendió la medida", dijo ayer a LA GACETA Javier Montero, secretario de Ingresos Públicos de Salta y representante de esa provincia en el plenario interjurisdiccional. El funcionario dijo que hubo un planteo de nulidad, que fue presentado por Tucumán, y que obligará a la comisión arbitral expedirse antes que quede firme el rechazo contra ARBA. "Lo que hizo la agencia bonaerense tiene ribetes confiscatorios y 22 provincias no comparten esa postura y este escenario demuestra cuál es el distrito que está equivocado", indicó.
Montero reconoció que la situación contra la política fiscal de Buenos Aires, de avanzar sobre las cuentas bancarias de empresas y particulares de otras provincias, tomó estado político. "Hay gobernadores que intervinieron directamente en la discusión con Buenos Aires y también hubo reuniones a niveles ministeriales. En el caso de Salta, nuestro gobernador (Juan Manuel Urtubey) nos pidió no sólo defender las arcas fiscales de la provincia, sino también los intereses de las empresas locales", resaltó.
Montero insistió con que se pidió a Buenos Aires que cese con los sistemas de retención, percepción y recaudación bancaria y que instrumente un mecanismo de devolución de los fondos retenidos. "Si todas las provincias nos llegáramos a constituir en una suerte de aduana interna, un producto que vale $ 100 se encarecerá a $ 250 por tantos impuestos. Y a esto hay que ponerle límites", finalizó.
"El perjuicio es para todas las provincias, para algunas más, para otras menos, según su dimensión económica, pero acá debe quedar claro que el rechazo a la pretensión de ARBA es contundente: 22 distritos se opusieron y sólo Buenos Aires defendió la medida", dijo ayer a LA GACETA Javier Montero, secretario de Ingresos Públicos de Salta y representante de esa provincia en el plenario interjurisdiccional. El funcionario dijo que hubo un planteo de nulidad, que fue presentado por Tucumán, y que obligará a la comisión arbitral expedirse antes que quede firme el rechazo contra ARBA. "Lo que hizo la agencia bonaerense tiene ribetes confiscatorios y 22 provincias no comparten esa postura y este escenario demuestra cuál es el distrito que está equivocado", indicó.
Montero reconoció que la situación contra la política fiscal de Buenos Aires, de avanzar sobre las cuentas bancarias de empresas y particulares de otras provincias, tomó estado político. "Hay gobernadores que intervinieron directamente en la discusión con Buenos Aires y también hubo reuniones a niveles ministeriales. En el caso de Salta, nuestro gobernador (Juan Manuel Urtubey) nos pidió no sólo defender las arcas fiscales de la provincia, sino también los intereses de las empresas locales", resaltó.
Montero insistió con que se pidió a Buenos Aires que cese con los sistemas de retención, percepción y recaudación bancaria y que instrumente un mecanismo de devolución de los fondos retenidos. "Si todas las provincias nos llegáramos a constituir en una suerte de aduana interna, un producto que vale $ 100 se encarecerá a $ 250 por tantos impuestos. Y a esto hay que ponerle límites", finalizó.